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La Diputació de València reduce los altos cargos en sus empresas y entidades y regula sus retribuciones

  • La moción aprobada en el pleno de noviembre modifica el acuerdo de septiembre de 2016 y fija un máximo de tres directivos para empresas dependientes de la corporación provincial
  • El presidente Gaspar señala que el objetivo es tener menos altos directivos y una mayor fiscalización de los entes de la institución. “No estamos obligados pero queremos someternos a las mismas medidas del sector público estatal”
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17/11/2020

La Diputació de València reduce los altos cargos de sus entidades dependientes a través de la modificación del acuerdo de septiembre de 2016 que clasificó por primera vez las empresas del sector público provincial, así como sus directivos y retribuciones. La moción que modifica este acuerdo ha sido aprobada en el pleno de noviembre con los votos favorables del equipo de gobierno provincial (PSPV y Compromís), la abstención de Ciudadanos, Vox y La Vall ens Uneix y el único voto en contra del PP. Entre otras novedades, fija en un máximo de tres los altos cargos de los entes dependientes de la corporación provincial.

 

En palabras del presidente de la Diputació, Toni Gaspar, “el objetivo de la modificación es reducir los altos directivos de las empresas de la institución y tener mayor control en ellas”. “Aunque no estamos obligados por la ley, hemos decidido someternos a más controles introduciendo las mismas medidas que tienen las empresas públicas del sector estatal”, ha añadido Gaspar.

 

El máximo responsable provincial ha matizado que este acuerdo “no corrige deficiencias sino interpretaciones, para mejorar el acuerdo de 2016 y fijar con claridad temas como retribuciones e indemnizaciones, al tiempo que reduce drásticamente el número de altos cargos, en respuesta al primer mandato que le dio a esta Presidencia la Junta General de Divalterra hace dos años”. “El segundo de los mandatos que asumí fue la transformación de la empresa pública, de la que pronto espero informar en este pleno con la forma jurídica oportuna para su ejecución”, ha concluido Gaspar.

 

La moción aprobada en la sesión plenaria de este martes, que atiende el informe del secretario general de la corporación, establece que las empresas dependientes de la Diputación clasificadas como grupo 1, caso de Divalterra, Egevasa y el Consorcio Provincial de Bomberos, podrán tener un máximo de tres altos cargos, con una retribución básica de 48.000 euros que, sumando los complementos de puesto y variables no podrán superar en ningún caso los 72.000 euros.

 

La modificación refrendada en el pleno provincial de noviembre incorpora una novedad importante que supone una mayor fiscalización y control respecto al acuerdo de 2016. Los contratos de directivos del sector público local se someterán, antes de formalizarse, al control de legalidad que establece la ley 3/2012 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Serán nulas las cláusulas de contratos mercantiles o de alta dirección que se opongan a establecer el presente acuerdo.

 

Control y fiscalización

 

En el caso de Divalterra, cabe recordar que en 2019 el área de Presidencia de la Diputació dio validez a lo acordado por la Junta General del ente público a finales del año anterior, que dio luz verde a un nuevo organigrama del Consejo de Administración de Divalterra con un consejero delegado, un gerente y un responsable del área jurídica, frente a la decena de altos cargos que permitía el acuerdo de 2016.

 

La modificación aprobada este martes, con el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas del pasado 13 de noviembre, contempla, entre otros acuerdos, que los directivos que reflejan los estatutos serán nombrados con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en gestión pública o privada, teniendo en cuenta la responsabilidad profesional y personal directa sobre su gestión y el control y evaluación de su gestión por parte de un órgano superior.

 

Para estos directivos queda establecida una retribución básica de 48.349 euros para entidades del primer grupo; 37.605 euros en el grupo 2; y algo más de 32.000 euros para el grupo 3. Sumando los complementos, que pueden ser de puesto en función de cuestiones como el nivel de responsabilidad o el peso relativo dentro de la organización, y variables según la consecución de los objetivos previamente fijados por la empresa, estas cantidades pueden llegar, como máximo, a los 72.524, 56.407 y 48.349 euros dependiendo de la clasificación de la empresa y sin superar los límites de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

 

El resto de personal directivo, hasta el máximo permitido, de los entes dependientes de la Diputación será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Al mismo tiempo, las indemnizaciones por desistimiento empresarial serán aprobadas por el órgano que autorizó la contratación, con el informe previo del secretario-letrado asesor del órgano de gobierno de la entidad.

 

Otro punto a tener en cuenta es que los miembros y empleados de la Diputación que formen parte de los consejos de administración y órganos superiores de gobierno o administración de entes dependientes de la institución no percibirán retribución ni indemnización por realizar estas funciones.

 

‘El silencio te hace cómplice’

 

En la sesión telemática, que ha tenido como base el Salón de Plenos de la Diputación, se debatieron otras muchas cuestiones, entre las que destaca la moción en contra de la violencia de género que, en vísperas del 25N, no ha podido convertirse en declaración institucional por el voto en contra de VOX. A su vez, el diputado de VOX, Joaquín Alés, presentó una moción alternativa al respecto que contó con el único apoyo del PP.

 

En defensa de la moción conjunta que define la protección de las víctimas como una obligación de las administraciones públicas ha intervenido la titular del área provincial de Igualdad, Eli García, que como punto de partida ha asegurado que la violencia de género “no tiene cabida en nuestra sociedad y nuestra democracia”. La diputada ha nombrado una por una a las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en el último año, ha instado a conocer públicamente las caras de los que causan tanto dolor y ha incidido en la actitud del entorno de las mujeres maltratadas para erradicar la lacra social.

 

La responsable de Igualdad ha repasado las actuaciones que tiene en marcha su departamento en esta materia, como una Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género que cuenta ya con 101 ayuntamientos adheridos y el fomento de la coeducación en cada una de las iniciativas del área. Y ha anunciado Eli García, además del aplazamiento de los premios Celia Amorós a causa de la COVID-19, la presentación de la campaña de sensibilización ‘El silencio te hace cómplice’, que tendrá lugar el mismo 25N en la sede central de la corporación provincial “si la pandemia lo permite”.

 

El pleno de la Diputació de València del mes de noviembre ha finalizado con la lectura de una declaración institucional que reclama la consideración de la actividad desarrollada por los agentes de las policías locales como profesión de riesgo que garantiza la convivencia en libertad de las ciudadanas y ciudadanos.

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